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martes, 7 de noviembre de 2017

CAMBIO CLIMÁTICO, "EL COMBATE NO ESTÁ PERDIDO"

  • Tímidos indicios permiten vislumbrar el cumplimiento del Acuerdo de París, al inicio de la 23.ª conferencia de Cambio Climático de la ONU, que se celebra en Bonn


La batalla para mitigar el calentamiento no está perdida; algunos datos recientes alimentan las esperanzas de que se puedan cumplir los objetivos del acuerdo de París contra el cambio climático.
Ciertamente, la brecha que hay entre los recortes de emisiones de gases prometidos por los gobiernos y las reducciones pedidas por los científicos para el 2030 son enormes, y no evitan los riesgos de un cambio climático peligroso. Pero el descenso del consumo de combustibles fósiles los últimos años, entre otros factores, hace pensar a algunos expertos que no hay que tirar la toalla.
El director ejecutivo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Erik Solheim, afirmó el martes que EE.UU. podría cumplir el Acuerdo de Paris a pesar de que el presidente Donald Trump está decidido a ejecutar su plan para retirar a su país de este pacto internacional.
“Con toda probabilidad, Estados Unidos cumplirá con su compromiso de París; y no será por la Casa Blanca, sino por el sector privado”, dijo. Su argumento es que, pese a este discurso de Trump, “todas las grandes compañías norteamericanas” están trabajando para realizar actividades más limpias.
Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), firmó el pasado 10 de octubre la propuesta legislativa que derogará el Plan de Energía Limpia ultimada en el 2015, para revitalizar la industria del carbón (el combustible que tiene más impacto climático) y reducir las medidas de protección ambiental. Sin embargo, los funcionarios de la ONU resaltan que muchas compañías, al margen de la postura oficial de su país, han emprendido otro camino diferente. John Christensen, alto funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha señalado que algunos estados de EE.UU., como California, están “actuando independientemente de lo que la Casa Blanca decida”. Muchas voces opinan que en EE.UU. no se frenará la decadencia del carbón, pues este combustible está lejos de poder competir con las fuentes de energías más limpias y más baratas.
Las emisiones en Estados Unidos caen (pero menos de lo necesario)
De hecho, las emisiones de gases invernadero en EE.UU. están cayendo desde el 2008, lo que coincide con un momento en que el gas natural y las energías renovables (eólica y solar, sobre todo) han empezado a sustituir al carbón en la generación eléctrica. Algunos estados han declarado que continuarán su apoyo a la acción climática para cumplir el acuerdo de París. La economía de California ha crecido rápidamente los últimos años, y ahora el 25% de su electricidad procede de las fuentes de energía renovables (otro 10% adicional de la hidroeléctrica) y sólo el 4% del carbón.
Según un análisis del Grupo Rhodium (a partir de las políticas de Trump), las emisiones de gases invernadero de los Estados Unidos probablemente caerán entre 15 y 19% en el 2025 respecto a los niveles de 2005, en lugar de sufrir un descenso de entre el 26% a 28% prometido por la administración Obama.
Pero no conviene pasar al triunfalismo injustificado. El PNUMA ha precisado que, en cualquier caso, los planes gubernamentales mundiales y las promesas del sector privado y de las autoridades locales hacen prever un aumento de la temperatura de al menos 3º C para el 2100, lejos por lo tanto de la meta del acuerdo de París.
En este acuerdo se fijó como objetivo limitar el calentamiento a 2 ºC o menos (respecto a la temperatura de la época preindustrial).
Los datos positivos de China son otro argumento alentador
Otro motivo para el optimismo es que aumenta la intensidad energética. En los últimos 50 años, el crecimiento de la economía y las emisiones de CO2 ha ido paralelo. Es decir, un mayor crecimiento económico se ha correspondido con un aumento del consumo de energía, más quema de combustibles fósiles y más gases invernadero. Sin embargo, en los últimos cuatro años la tendencia ha variado: ha continuado creciendo la economía mientras que las emisiones se han estabilizado. En este sentido, ha sido clave la apuesta de China, que intenta sustituir el carbón por energías limpias.
China, con una población de 1.400 millones de personas y un crecimiento económico fuertemente dependiente del abastecimiento del carbón, es el país con más emisiones de gases invernadero. Pero las ha estabilizado desde el año 2013. En el 2014, el presidente Xi Jingping prometió que las emisiones de gases invernadero alcanzarían su pico en el año 2030, para iniciar a partir de ese momento un descenso a partir de ese momento. Ese plan estratégico requería grandes cambios. Y eso lo que esta pasando. La tasa de crecimiento del CO2 se ha ralentizado drásticamente; el Gobierno ha cancelado unas 100 nueva plantas de carbón a principios de este año.
La conferencia de Bonn tomará el pulso a la voluntad política
La 23.ª conferencia de Cambio Climático de la ONU, que se celebrará en Bonn entre el 6 y 17 de noviembre, debe servir para fijar las reglas que deben concretar el funcionamiento del acuerdo de París contra el cambio climático. Ésta será una gran oportunidad para calibrar el grado de voluntad de los países de mantener sus compromisos tras el anuncio de Donald Trump de retirarse del acuerdo. “No basta con decir: ‘¡sí, sí, nosotros seguimos en pacto de París!’, sino que se necesita abordar una verdadera transformación real de los sectores económicos i financieros y demás, para cumplirlo; y eso todavía no se ve con claridad”, dice Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés). Ribera detecta también signos positivos en China, India o Estados Unidos, pero ve a Europa “peléandose y adormecida en el reparto interno de esfuerzos”, dice en relación a la negociación sobre reducción de emisiones de CO2que se ultimando en el seno de la UE con vistas al 2030.
Sobre los fondos económicos, Ribera afirma que se ha avanzado en la movilización de recursos en la banca de desarrollo y en las inversiones privadas (que van incorporado los criterios de protección climática), aunque “aún faltan fondos solidarios” para afrontar la respuesta a las situaciones de alerta, emergencia y adaptación al cambio climático en los países menos adelantados y vulnerables.
Diálogo en el 2018, revisión
La 23.ª conferencia de Cambio Climático de la ONU que se inicia en Bonn tiene varias misiones. Primero, debe concretar los detalles sobre la celebración en el 2018 del primer gran “diálogo facilitador”, un encuentro que deberá servir para que los países tengan una visión global y puedan actualizar sus esfuerzos realizados para reducir las emisiones y elegir qué caminos o opciones deben emprender para mejorar sus acciones. El objetivo último debe ser ver qué se ha hecho y qué queda por hacer.
“Las emisiones de gases ya han copado el 80% del espacio que la atmósfera puede asumir”, destaca Ana Belén Sánchez, responsable del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.
En segundo lugar, en Bonn se deben definir las reglas mediante las cuales los países deberán informar y revisar los planes de acción climática comprometidos, pues se necesita que esas reglas sean transparentes para planificar la acción conjunta y mejorar la cooperación internacional. Se debe asegurar que todos ellos midan sus emisiones de gases de manera igual y homologable.
Los países deben evaluar lo que han hecho hasta ahora para tener aprobadas sus nuevas contribuciones de acción climática (con nuevas medidas de reducción de CO2) en el 2020. Asimismo, en el 2023 se celebrará una conferencia para hacer la primera revisión global (con un nuevo reparto de esfuerzos y compromisos) que se hará cada cinco años. El objetivo última incrementar la ambición, vista la brecha entre las reducciones de emisiones prometidas y las que reclaman los científicos.
“España no hace nada”
Mientras tanto, en España diversas entidades sociales critican la “inacción” del Gobierno en materia política climática. “Han pasado dos años desde la aprobación el Acuerdo de París; aumentan las emisiones de gases y no se han adoptado ninguna medida”, dice Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE.
La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, prometió hace casi un año la ley de Cambio Climático, pero la consulta pública previa concluyó hace poco, y el primer borrador de la ley no estará hasta el primer trimestre del 2018.
Mientras, los anuncios del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en los que garantiza larga vida a las plantas térmicas de carbón (de gran impacto climático) han irritado a los grupos ecologistas y decepcionado a los sectores empresariales interesados en las energías limpias. Una campaña conservacionista ha pedido el cierre paulatino de las 15 térmicas de carbón españolas; pero el Gobierno prepara un decreto para evitar el cierre de las plantas térmicas de Teruel y Compostilla (León), frente a la voluntad expresada por la empresa Enel, que no las ve rentables, dadas las inversiones de descontaminación necesarias.
Teresa Ribera y grupos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace...) sostienen que las políticas de Nadal son “contradictorias” e “incohrentes” con el Acuerdo de París contra el cambio climático. “Hay que hablar claro; las medidas de Nadal son sospechosas, cuando menos”, añade Ribera. Interpretan que la intención de Nadal al querer mantener abiertas estas dos centrales de carbón responde a razones electoralistas en Asturias, Castilla y León y Aragón.
“Necesitamos una ley de Cambio Climático con una hoja de ruta, para ir reduciendo las emisiones de gases y llegar a la descarbonización de la economía en el 2050. Ahora no se hace nada. La UE nos pide fiscalidad ambiental”, dice Ana Belén Sánchez, directora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.
En paralelo, fuentes de la Administración catalana critican el recurso de inconstitucionalidad presentado el viernes contra la ley de Cambio Climático del Govern, que afecta al grueso de la ley, y muy especialmente al impuesto del CO2 –que debería instaurarse en el 2018–, destinado en parte a financiar la acción climática (energía limpia...) y también a conseguir fondos para proteger los espacios naturales. “Es lamentable”, dicen esas fuentes.
El objeto de la Ley es la regulación de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la Administración pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumento para actuar contra el cambio climático.
FUENTE: La Vanguardia, 6/11/2017

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