CAMBIO CLIMÁTICO: URGE ROMPER VIEJOS PARADIGMAS

El proceso de negociación multilateral dentro de la ONU, a través de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés) se enfila hacia el fracaso. Evidencia palpable tuvimos recientemente en la COP 19 de Varsovia. Sin sentido práctico ni de urgencia, no guarda sincronía con los imperativos planteados por la ciencia, a través del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Ha demostrado una y otra vez que no está a la altura del desafío humano más grande durante el siglo XXI.

La UNFCCC se rige por la regla del consenso, el cual es cada vez más remoto entre cerca de 200 países miembros. La economía global ha cambiado sustancialmente desde su establecimiento en 1992 junto con la estructura de las relaciones geopolíticas y las responsabilidades nacionales; los que antes eran víctimas, ahora son también los principales victimarios, además de haberse convertido, uno en superpotencia (China) y otros en potencias emergentes (Brasil, India, Indonesia). La brecha ideológica entre países desarrollados y en vías de desarrollo está en los genes de la Convención, lo que impide la convergencia de visiones y compromisos; se ilustra bien con el mantra de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

La unidad de jurisdicción, responsabilidad y decisión dentro de la ONU y de la propia UNFCCC son los estados nación, la expectativa es que cada uno asuma un compromiso vinculante de reducción de emisiones, congruente con el objetivo de impedir que la temperatura global aumente en promedio más de 2°C (más allá, de acuerdo con el IPCC, se enfrentarían riesgos catastróficos). Esto es algo probadamente inasequible. Hay una división tajante entre países desarrollados y países emergentes o en vías de desarrollo, además de otras fracturas que corren en diferentes direcciones, y en las que cada parte antepone sus intereses al interés global. El razonamiento paralizante desde el punto de vista de las naciones en vías de desarrollo es en esencia que los países desarrollados tienen responsabilidades históricas en las causas del calentamiento global (por sus emisiones acumuladas desde el siglo XIX) y que deben primero actuar ellos y además pagar la factura. Desde la perspectiva de estos últimos, no hay forma de enfrentar eficazmente el problema sin un compromiso sustancial de reducción de emisiones por parte de los primeros, las cuales constituyen las dos terceras partes del total global y 100% del crecimiento proyectado. Es una aterradora versión planetaria del dilema del prisionero.

Es preciso romper tal paradigma, aceptando que las responsabilidades no se identifican sólo a partir de fronteras nacionales, sino de patrones de producción y de consumo, que tienden a ser universales y compartidos por las clases medias y élites de absolutamente todos los países del mundo, en el contexto de una economía globalizada, con independencia de matices regionales y locales.

Hay que cambiar de manera consecuente la lógica y el contenido de las negociaciones, para enfrentar universalmente los causales verdaderos del problema: precios de combustibles fósiles que no incorporan el costo a largo plazo del calentamiento global y condiciones que determinan la deforestación en países tropicales. Propóngase entonces un impuesto universal al carbono (carbon tax), suficientemente alto como para no rebasar el umbral de los 2°C definido por el IPCC, administrado fiscalmente por cada gobierno, junto con un mecanismo de financiamiento para contener y revertir la deforestación en países tropicales. No tendría efectos distorsionantes de la competitividad, sería muy fácil de monitorear y verificar, ofrecería resultados tangibles y medibles en el corto y el largo plazo, podría ser ajustado con facilidad y de manera transparente de acuerdo a los resultados y cada gobierno decidiría como gastar lo recaudado. México podría proponerlo.

FUENTE: El Economista, 20/12/2013, Gabriel Quadri de la Torre