¿SON LOS INVERSORES LOS NUEVOS ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES?

Un campo de energía eólica en el estado de Oaxaca (México).
 MARIO A.MARTINEZ VLZ. EFE


¿Fondos soberanos con origen en petróleo que evalúan la posibilidad de no seguir invirtiendo en ese sector? ¿Tiburones de las inversiones que hablan de propósito social? ¿Un mundo de inversiones donde la expresión activismo ya no se usa solo para describir instancias donde inversores presionan a empresas para perseguir a toda costa la maximización de ganancias a corto plazo, sino también para hablar de activismo medioambiental en pos de privilegiar la sustentabilidad de las inversiones a largo plazo?

Este es, en parte, el conjunto de acciones (y reacciones) de los últimos meses de actores influyentes de la comunidad de inversores como fondos de pensiones, gestores de activos, firmas de private equity y, crecientemente, family offices a través del cual han decidido tomar cartas en el asunto —especialmente a partir de la salida de EE UU del Acuerdo de París— y tomar la delantera en la promoción y cumplimiento de la agenda de inversiones responsables, con especial hincapié en temas medioambientales, sociales y de gobernanza (llamados ASG).

Una de las acciones que más impacto causó fue la carta anual que Larry Fink, número uno de BlackRock, el gestor de activos estadounidense más grande del mundo, dirigió a los consejeros delegados de las empresas donde su firma tiene participación accionaria. Llamó a las empresas a preguntarse qué papel desempeñan en la comunidad y de qué manera están impactando en el medio ambiente, entre otros aspectos. Sugirió también de manera decisiva abrir canales de diálogo continuo durante el año con los directivos y administradores de las empresas que giren en torno a la creación de valor a largo plazo para ellas mismas y la sociedad donde operan (y no solo con ocasión de la celebración de las asambleas anuales de accionistas), incentivar a que las empresas articulen un marco y plan estratégico donde evalúen tanto los riesgos que representan los aspectos sociales y medioambientales como las crecientes oportunidades en términos de potencial de innovación que estos aspectos tienen, y que el plan cuente con el apoyo indispensable de los Consejos de Administración.

 

Los inversores institucionales deben tomar un papel proactivo a la hora de tener que incentivar y convencer a las empresas donde invierten para que sus planes futuros sean sostenibles

Este enfoque también se está materializando a través de diversas iniciativas de carácter colectivo. Climate Action 100+ es uno de los ejemplos más interesantes y apunta específicamente al impacto climático: 256 inversores con más de 28 billones de dólares de activos bajo gestión acompañan esta iniciativa, cuyo objetivo principal en un plazo de cinco años es incentivar y evaluar que las más grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero mejoren sus esquemas de gobierno corporativo con respecto a riesgos de cambio climático, introduzcan planes basándose en escenarios futuros posibles, reduzcan sus emisiones y refuercen sus sistemas de reporte con respecto a estos riesgos en línea con los estándares más ampliamente aceptados como los del Grupo de trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa está coordinada, entre otras, por la organización Ceres y los Principios para la Inversión Responsable la ONU. Algunas de las empresas de América Latina y España a las que los inversores les dirigirán sus inquietudes: Ecopetrol de Colombia; Petrobras y Vale de Brasil; y Gas Natural Fenosa y Repsol de España.

También vale traer a colación el caso de la innovadora organización pro-medioambiental holandesa Follow This. Esta organización es accionista de Shell, promueve la compra por parte de los ciudadanos de acciones de esta última (o que, los que ya los tienen, se sumen a su iniciativa) con el fin de influir a que el gigante anglo-holandés acelere su transición hacia las energías renovables y acaba de presentar por tercer año consecutivo una resolución de accionista pidiéndole a Shell que establezca metas para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados Celsius. Esta resolución será considerada en la próxima asamblea de accionistas de Shell que se celebrará el próximo 22 de mayo y, aunque la compañía ya ha llamado a los otros accionistas a oponerse a esta resolución, se espera que consiga más apoyo que en años anteriores.

Y, por último, en uno de los casos recientes más emblemáticos, el Fondo de Pensiones noruego, el fondo soberano en su tipo más grande del mundo y que tuvo precisamente su origen en las regalías hidrocarburíferas de dicho país nórdico, evaluó a finales del año pasado de acuerdo con recomendaciones realizadas por su Banco Central —la institución que lo gestiona— nada más ni nada menos que desinvertir sus activos actuales (de unos 30.000 millones de dólares) en el sector del petróleo y del gas. Aunque las recomendaciones emitidas fueron justificadas solo sobre la base de argumentos financieros (precios decrecientes en esta industria) y luego los responsables del fondo aligeraron su posición afirmando que podrían seguir invirtiendo en aquellas empresas del sector que mostraran una evolución estratégica hacia energías renovables, este simbólico cambio de rumbo no puede dejar de analizarse dentro del contexto general de los debates actuales en el mundo de las inversiones.

¿Qué nos están diciendo todos estos casos? ¿Representan ellos una tendencia o son casos aislados de algunos actores específicos comprometidos con estos temas? Si tomamos en cuenta el peso de los actores involucrados y cómo ellos son tenidos en cuenta como referentes dentro del mundo de las inversiones, no quedan dudas de que estamos ante un cambio de paradigma: todos ellos están transmitiendo el importante mensaje de que el deber fiduciario de los inversores institucionales debe dejar de enfocarse solo en la maximización de retornos para los beneficiarios finales (los dueños del dinero), teniendo en cuenta variables únicamente financieras, y debe ir más allá para integrar las dimensiones medioambientales y sociales.

En otras palabras, en un mundo que se enfrenta a decisivos desafíos de sostenibilidad, especialmente en lo que respecta al más importante de todos, el del cambio climático, el no tener en cuenta estas variables no financieras puede ir en detrimento de los intereses mismos del accionista final, destruyendo valor para este último. Y, como lógica consecuencia, para poder cumplir con este nuevo deber fiduciario —redefinido en función de una integración de aspectos ASG— , los inversores institucionales deben, a su turno, poner manos a la obra y tomar un papel proactivo (y no solo pasivo o reactivo, como en el pasado) a la hora de tener que incentivar y convencer a las empresas donde invierten para que pongan en marcha —si no lo han hecho ya— los cambios necesarios para que sus planes futuros sean sostenibles en cuanto a creación de valor, y esto les permita a los primeros cumplir con sus propias obligaciones para con los dueños del dinero que gestionan.

 

FUENTE: El País,   15/05/2018