Los países que contaminan con la emisión de gases de efecto invernadero deben pagar los costos destinados a luchar contra el cambio climático, aseguró Beatriz Bugeda, directora para México y América Latina de The Climate Reality.
Con motivo del undécimo Foro Latinoamericano y del Caribe del Carbono (FLACC) celebrado esta semana en la capital mexicana, Beatriz Bugeda aseguró que "el que contamina debe de pagar".
En el foro internacional participaron los principales actores del sector público y privado en la mitigación del cambio climático para evaluar los retos que presenta el poner un precio a la contaminación por carbono.
También se evaluaron las oportunidades de la transición hacia una economía baja en emisiones para la industria, ciudades sostenibles, tecnología, energía; transporte terrestre, aéreo y marítimo, entre otros.
"El principio es sencillo: poner un precio a la contaminación para dar cuenta del impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las decisiones económicas que toman tanto los productores como los consumidores", sostiene la Coalición de Líderes para la Fijación de Precio al Carbono (CPLC).
"La idea de estos instrumentos como el impuesto es desincentivar el uso de combustibles fósiles más sucios e ir haciendo una transición hacia los renovables", indicó Bugeda.
"Los precios del carbono tienen la intención de mandar la señal correcta para los cambios de conducta que se requieren para empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", agregó.
Con el objetivo de cumplir con los compromisos internacionales adoptados en el Acuerdo de París, el cual establece medidas para la reducción de un 22 % de emisiones de gases efecto invernadero para el 2030, la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono propone fijar para el 2020 un precio mínimo de 40 a 80 dólares por tonelada de carbono emitido y para el 2030 de 100 dólares.
CPLC reportó que en 2015 los gobiernos recaudaron un total de 26.000 millones de dólares derivados de la fijación de precio al carbono.
Del 2013 a 2015, California (EE.UU.) destinó 500 de los 900 millones de dólares, derivados del pago del carbono, en construir redes ferroviarias entre ciudades menos contaminantes, energías renovables en viviendas, proyectos de conservación de humedales y bosques, eficiencia hídrica, entre otras.
En México, desde 2014, ya existe un impuesto al carbono fijado "entre los 3 y 3.5 dólares ".
"El ciudadano no sabe que paga ya un impuesto al carbono, es un impuesto pequeño pero que está obteniendo buenos ingresos el gobierno federal (...) alrededor de 17.000 millones de pesos (850 millones de dólares", indicó Bugeda.
El Gobierno mexicano pondrá en marcha el 30 de octubre "un ejercicio de simulación en la Bolsa Mexicana de Valores con más de 90 empresas que ya se inscribieron, para aprender cómo funciona el mecanismo y cómo pueden comerciar eventualmente bonos de carbono", añadió Bugeda.
"México está apostando por esa vía y en ese sentido es un país que está siendo innovador en la región", explicó dado que será el primer programa piloto implementado en América Latina.
Bugeda reiteró la importancia de incorporar a la sociedad civil en el proceso porque para que este tipo de instrumentos económicos tengan éxito "tiene que haber aceptación social (...) y ver de manera directa los beneficios".
"China ya lo ve con la disminución en la contaminación en sus ciudades. Lo que significa beneficios en la salud ambiental y en consecuencia en la salud humana", concluyó.
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