El Govern balear ha presentado este jueves el anteproyecto de la Ley de lucha contra el Cambio Climático que, entre diferentes medidas como obligar a los Rent a Car a que sus coches sean 100% eléctricos, también incluye la voluntad de que todo el parque automovilístico del archipiélago sea eléctrico en 2050.
Para ello, el Ejecutivo presidido por Francina Armengol prohibirá el acceso de vehículos diésel a partir de 2025 y hará lo mismo con los vehículos térmicos desde 2035. Las Islas esperan tener un 40% menos de emisiones en 2020 y un 90% menos en 2050.
La prohibición no afectará a los coches de los residentes -podrán seguir usando su coche hasta acabar su vida útil-, pero sí a las nuevas matriculaciones y a los visitantes que se desplacen con su vehículo hasta Baleares en transporte marítimo.
En verano, es habitual que los residentes en la Península se trasladen en barco hacia islas como Formentera y pasen un único día por la zona. Precisamente esta isla podrá, gracias a otra normativa autonómica, limitar el número de coches que llegan en verano. La isla pitiusa soporta, en agosto, una intensidad de tránsito de 50.872 vehículos al día.
Como explicó el conseller de Territorio, Marc Pons, a eldiario.es, el Govern va a desplegar este año una línea de ayudas (10 millones de euros) para instalar, en un plazo de cinco años, todos los suministros de carga necesarios. Serán un total de 500 y servirán tanto para coches de alquiler como para particulares. El director general de Energía, Joan Groizard, ha explicado que esta financiación pública surge del impuesto de turismo sostenible, conocido como "ecotasa", que Baleares aplica a los turistas.
Las empresas calcularán su huella de carbono
La Ley de Cambio Climático también obligará a las grandes y medianas empresas a calcular y registrar su huella de carbono -es decir, la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos- a partir del 2020. Cinco años más tarde, las compañías tendrán que presentar y ejecutar planes de reducción con objetivos mínimos vinculantes. A nivel estatal, existe un registro voluntario en el Ministerio de Energía en el cual están apuntadas centenares de empresas y entidades.
Asimismo, el Govern va a crear una empresa pública, el Instituto Balear de la Energía, para comercializar energía, canalizar la participación ciudadana en el sistema eléctrico, dar apoyo técnico a las instituciones y realizar estudios e informes.
Otras medidas recogidas en el anteproyecto de ley, que todavía tiene que pasar diversos trámites y cuya aprobación se prevé para finales de 2018 o principios de 2019, es la obligación de instalar placas solares en aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados, tanto públicos como privados.
Choque de competencias
El propio Ejecutivo autonómico reconoce que esta Ley de Cambio Climático puede chocar con las competencias del Estado, pues el Govern también quiere llevar a cabo una transición del modelo energético. En la actualidad, Baleares cuenta con una gran dependencia energética del exterior, así que el Ejecutivo intenta avanzar en materia de soberanía energética.
Cambiar el modelo energético implicaría que la autorización de las nuevas centrales térmicas esté condicionada a que la demanda no pueda cubrirse con energías renovables. La cuestión es que es el Estado quien debe decidir, por ejemplo, sobre el futuro de centrales como Es Murterar (carbón).
FUENTE: eldiario.es , 15 / 02 / 2018
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