La urgente necesidad de combatir el cambio climático colectivamente, marcó la reciente Cumbre de Doha tras conocerse el informe del Banco Mundial que advierte un aumento de 4°C de la temperatura mundial para 2060. Ello coincidió con el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial que califica 2012 como uno de los más calurosos desde 1850.
No obstante estas preocupantes señales, Doha no fue capaz de sensibilizar a los principales actores para obtener las respuestas que el mundo demanda. Al igual que en Durban, los países desarrollados encabezados por Estados Unidos, Canadá, Japón y, en menor medida algunos de la Unión Europea, arguyeron que la crisis financiera global sigue impidiendo un mayor compromiso con dicho proceso.
Lo anterior imposibilitó fijar un aporte conjunto al Fondo Verde para cubrir los gastos en mitigación, adaptación, tecnología y capacitación que requieren los países en desarrollo. Si bien el primer mundo reconoce su responsabilidad histórica en el aumento de las emisiones y su compromiso de aportar al Fondo Verde la suma de US$ 100 billones a 2020 a partir de 2013, todo indica que ello no ocurrirá en el corto plazo. La cifra en cuestión resulta modesta si pensamos que el Presidente Obama acaba de solicitar USD 60 billones para cubrir los efectos del huracán Sandy.
Más aun, cuando los países en desarrollo continúan padeciendo el calentamiento global, sin acceso a recursos suficientes para siquiera palear sus consecuencias. Lo cierto es que de aquí a 2015 deberíamos cerrar la negociación de un acuerdo global jurídicamente vinculante, que entraría en vigor e 2020. Su materialización permitiría suplir la precariedad en que quedó el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto acordado en Doha (2013- 2020 ), al conseguir la aceptación de la UE, Suiza, Australia y Noruega, cuyas emisiones no superan el 15% del total mundial.
A pesar de lo anterior, Chile reiteró su voluntad de ser parte de la solución resaltando su compromiso voluntario de lograr una desviación del 20% por debajo de su trayectoria de emisiones a 2020. Entre aquellos esfuerzos cabe poner de relieve el 12% de eficiencia energética a 2020, el 10% de energías renovables no convencionales a 2024 y la realización de un ejercicio inclusivo, llamado MAPS, consistente en la construcción de escenarios de desarrollo económico bajos en carbono con una mirada de mediano y largo plazo.
A pesar de lo anterior, Chile reiteró su voluntad de ser parte de la solución resaltando su compromiso voluntario de lograr una desviación del 20% por debajo de su trayectoria de emisiones a 2020. Entre aquellos esfuerzos cabe poner de relieve el 12% de eficiencia energética a 2020, el 10% de energías renovables no convencionales a 2024 y la realización de un ejercicio inclusivo, llamado MAPS, consistente en la construcción de escenarios de desarrollo económico bajos en carbono con una mirada de mediano y largo plazo.
Por otro lado, la constitución de AILAC (Asociación Independiente de Latinoamérica y Caribe) promovida por Chile y Colombia, que además integran Perú, Costa Rica, Guatemala y apoyan México y República Dominicana, se reveló como un valioso aporte de nuestra región al proceso negociador, tal como fue señalado por algunos medios.
En su calidad de facilitador entre el G77 y los desarrollados, dicha asociación coadyuvó constructivamente a destrabar importantes elementos de las negociaciones, reforzando la validez del multilateralismo. Asimismo, Chile se unió a la UE para impulsar la adopción de una medida orientada a fortalecer la participación de la mujer en el ámbito del cambio climático.
Considerando que nuestro país aparece como uno de los más vulnerables a nivel mundial, obtuvimos que el Fondo de Adaptación asigne recursos cercanos a los
US$ 10 millones para proyectos que se espera llevar a cabo en agricultura. Reino Unido y Alemania expresaron su voluntad de financiar un proyecto de mitigación en energía, para lo cual aportarían una cifra similar a la anterior. Igualmente, y por tercera vez consecutiva, Chile fue elegido en el grupo de expertos de comunicaciones nacionales.
En suma, Doha confirmó que necesitamos generar un paradigma de responsabilidad colectiva con incentivos para la ambición. Esto sólo será posible si concurre una clara voluntad política en los 194 países involucrados, reconociendo que la respuesta debe brindar igual atención a los pilares económico, ambiental y social del desarrollo sostenible.
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