Desde hace unos años se ha hecho más evidente la relación entre los derechos humanos y el cambio climático. Este vínculo fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no sólo por los asuntos relacionados con los efectos del cambio climático sino también por la importancia de garantizar el acceso a la justicia climática.
Este derecho a la justicia se vuelve fundamental a la vista de que América Latina se ha convertido en la región más peligrosa para el activismo ambiental. Según un reciente estudio de Global Witness, en 2016 fueron asesinados 200 activistas latinoamericanos, la cifra más alta hasta la fecha. El asesinato de la hondureña Berta Cáceres, por su oposición a un proyecto hidroeléctrico, es el más emblemático de los ataques recientes a ambientalistas.
Abordar las cuestiones ambientales desde una perspectiva de derechos también implica velar por el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones en los proyectos ambientales. Significa garantizar a los ciudadanos la posibilidad de conocer el estado del medio ambiente, de expresar su opinión y de exigir la rendición de cuentas sobre el desempeño de las autoridades. Esto es clave para América Latina ya que impulsará la lucha contra la corrupción y contribuirá a una mejor gobernabilidad ambiental.
Estos derechos relacionados al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales están incluidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Hace cinco años un grupo de países de América Latina decidió trabajar en un instrumento legal que regule la aplicación de este principio y conformó un comité de negociación para tal fin. A fines de julio, se organizó en Buenos Aires la séptima reunión de este comité, bajo la coordinación de la CEPAL.
La sociedad civil participó de este encuentro a través de tres representantes electos del público. Andrés Nápoli, actual director de la organización FARN Argentina, fue elegido como representante suplente y participó de la negociación. Socialmente Responsables conversó con Nápoli sobre los alcances del acuerdo que se está diseñando. "Lo que estamos buscando en esta reunión es aprobar un instrumento vinculante, con mecanismos sólidos y robustos, que protejan los derechos ambientales. Muchos países como Costa Rica, Panamá, Paraguay y la Argentina, quieren que éste sea un acuerdo vinculante. Otros países pretenden bajar los estándares, en muchos casos por debajo de la legislación existente. Se busca que los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, sean aplicados cabalmente", afirmó Nápoli.
Destaca que la aplicación plena del Principio 10 está en el corazón de la hoja de ruta que promueven las Naciones Unidas para 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "No es una coincidencia que este proceso esté floreciendo en un momento en que la comunidad internacional se embarca en un camino ambicioso hacia el desarrollo sostenible. La aplicación plena del Principio 10 está en el centro de la Agenda 2030. Argentina, al asumir la presidencia de la séptima reunión de negociación, asume también el desafío de conducir el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo ambiental sumamente novedoso y basado en una perspectiva de derechos", asegura.
Asimismo agrega que considera que los mayores desafíos de América Latina en derechos ambientales se vinculan con dos ejes claves: el déficit de leyes ambientales y las dificultades de su implementación. "La región tiene grandes problemas en relación a la ausencia de normativas ambientales, sobre todo en los países del Caribe. Otros países tienen legislación pero tienen dificultades de implementación, o los procesos de participación son muy deficientes. Creo que América Latina necesita encontrar un instrumento que de alguna manera baje el nivel de conflictividad ambiental y le permita a los estados ir cumpliendo con los compromisos internacionales y nacionales asumidos. Este instrumento que estamos trabajando seguro ayudará a promover la legislación y a resolver conflictos futuros", agregó.
El acuerdo discutido por más de 24 países pretende crear una instancia supranacional para dar respuesta a los conflictos y denuncias en materia ambiental. Se espera que permita a las personas, además de presentar las denuncias a nivel nacional, defender sus casos frente a un comité de cumplimiento regional que pueda dar soluciones y garantice la protección de las víctimas.
Este proceso registra un antecedente en la Convención de Aarhus, un tratado internacional promovido por Europa del Este, que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. Si bien América Latina podría haber optado por adherir a esta convención, se decidió llevar adelante una negociación propia para obtener un acuerdo que responda a las necesidades de la región.
La negociación concluirá a fin de año en una octava reunión en Santiago de Chile. Se espera aprobar en este encuentro el mencionado instrumento, aunque Nápoli cree que esto demorará una instancia más. Luego resta que cada país ratifique el acuerdo en sus instancias parlamentarias. El instrumento comenzará a funcionar una vez que cinco países alcancen su ratificación.
FUENTE: El Cronista , 17 / 08 / 2017
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