Los representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas llevan mucho tiempo luchando por su derecho a participar en las negociaciones climáticas.
Por ejemplo, en la COP25 en Katowice, el gobierno polaco impidió la entrada al país de algunos activistas climáticos y registró a algunos de ellos en sus habitaciones de hotel. En la COP26 en Glasgow, los observadores tuvieron dificultades para acceder a las salas de negociación, en línea y en persona.
Durante la COP27 en Sharm el-Sheikh, el gobierno egipcio impuso restricciones arbitrarias de registro a grupos y activistas de derechos humanos, intensificó la vigilancia y las detenciones, acosó a activistas climáticos y negó la entrada (y posteriormente deportó) al menos a un activista.
Fuente: hrw.org
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