2015 terminó con dos récords que en apariencia no tienen mucho que ver: fue el año más caluroso desde que se tienen registros –así lo han confirmado este mes la NASA, la Administración para el Océano y la Atmósfera, y la agencia meteorológica británica– y en el que los inversionistas se volvieron locos por los bonos verdes.
¿Qué tiene que ver el aumento de temperatura del planeta con dónde colocar el dinero?
Mucho, según el último estudio del centro de estudios del banco BBVA. En los doce últimos meses, la emisión mundial de estos títulos alcanzó 41,300 millones de dólares (38,000 millones de euros), un 15% más que en 2014 y casi el triple que el año anterior.
Esta es la forma en la que grandes corporaciones, bancos e incluso ciudades están lanzándose a financiar la reducción de su impacto ambiental y la huella de carbono, cuyo auge el informe atribuye al impulso que ha dado el Acuerdo de París contra el cambio climático.
Aunque del consenso de la capital francesa no salieron compromisos vinculantes de reducción de emisiones para los países, su revisión prevista cada cinco años sí ha marcado una senda que el mundo financiero empieza a interiorizar: la transición hacia otra economía que dependa cada vez menos del petróleo, el gas y el carbón.
Por una razón: el riesgo que ya suponen esos activos. En esa línea hay que entender el gigantesco movimiento mundial de desinversión en energías fósiles, que hasta el momento ha sacado 3.4 billones de dólares (3 billones de euros) de las energías sucias, según un informe de 350.org; o el cálculo de la
huella de carbono en las carteras de inversión; o el aumento del gasto mundial en tecnologías renovables.
Cada uno de estos arañazos a las energías fósiles es un paso para reorientar el flujo de capital de un modelo energético a otro muy distinto. No hay que olvidar que la transición energética costará mucho dinero. Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) lo ha cifrado nada menos que en 1.3 billones de dólares (un billón de euros) anuales en el horizonte de 2050– más o menos el equivalente del PIB español–.
Y, aquí, ahora han entrado en escena los bonos verdes, una nueva forma con la que las grandes corporaciones, bancos, y también ciudades buscan reducir su exposición a las energías fósiles. Estos bonos tienen solo una diferencia respecto a los convencionales: deben probar que el capital recibido de los inversionistas se destina a proyectos ambientales, por ejemplo, reducir el consumo energético.
“La atención sobre el climate finance [el flujo de capitales que mueve la lucha contra el cambio climático], que la cumbre de París ha acelerado, va a catalizar el interés de los inversionistas y emisores por los bonos verdes, diversificarlo y expandirlo en muchas partes del mundo”, apunta el informe del BBVA.
Este organismo prevé que este instrumento de financiamiento crezca hasta los 100,000 millones de dólares (92,000 millones de euros) este año. Aunque la cifra es abultada, apenas representa el 1% de la emisión de bonos convencionales, según Mirova, la
gestora especializada en inversiones responsables de Natixis Global A.M. Lo interesante es que su crecimiento está siendo exponencial y saliendo de los organismos supranacionales (bancos de desarrollo), que abrieron este nuevo mercado en 2007, al sector privado o los Gobiernos regionales.
“Aún es un mercado embrionario, partimos de muy abajo, pero aunque resulte más caro que un bono tradicional, los inversionistas lo buscan para diversificar sus carteras”, comenta Aaron Baker, autor del informe. Incrementa el precio el hecho de que haya que demostrar el fin ambiental, es decir, la consulta de una segunda opinión. “Eso cuesta dinero”, matiza Baker.
Pero ese valor añadido explica que los Gobiernos regionales, como el Estado de Conneticut, o ciudades como Oslo, se estén lanzando a emitir bonos verdes.
“Hay un gran apetito inversor por este tipo de activos, el cambio climático es el gran tema de inversión del siglo XXI”, añade Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética y presidente de SpainSIF.
En 2015, solo un año después de que la eléctrica francesa EDF se convirtiera en la primera empresa en emitir este tipo de títulos, según la asociación ClimateBonds Iniciative, el 33% de los emisores fueron compañías, seguidas de Gobiernos regionales (13%), bancos (12%), bonos de titulización (11%) y organismos supranacionales (44%). Por volumen de activos, la eléctrica gala ocupó el año pasado el tercer puesto mundial de los mayores emisores.
Los autores del estudio se preguntan cómo afectará a este incipiente mercado el batacazo de los bonos verdes basura de Abengoa, que en septiembre de 2014 se convirtió en la primera compañía en emitir los llamados high yield, un instrumento financiero de alta rentabilidad a muy corto plazo y alto riesgo por el que la compañía no pudo responder.
Baker matiza el impacto del impago a los bonistas de la compañía, en preconcurso de acreedores: “Abengoa fue la primera empresa en emitir un bono de este tipo, pero hay que tener en cuenta, en contra de lo que se suele pensar, que la mayoría de los inversionistas es más conservadora, su apuesta por los high yield es limitada y existen otros tipos de títulos verdes”.
Un mercado que coincide con la crisis
El
Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue el primero que se lanzó en 2007, junto al Banco Mundial, a la emisión de bonos verdes, según la asociación ClimateBonds Initiative. Ese fue el mismo año en el que la crisis financiera explotó, dando paso después a la recesión económica que ha durado siete años.
Mientras el mercado de bonos convencionales crecía a medida que las compañías necesitaban acceder al crédito para financiarse al margen de los bancos, los títulos verdes se mantuvieron dentro de organismos supranacionales, como el BEI europeo.
No fue hasta 2013 cuando los bonos empezaron a abrirse a esta nueva categoría. En marzo de ese año se vendió en una hora el primer título verde por 1,000 millones de dólares (921,000 millones de euros). Ese fue el primer paso para que un año después, la eléctrica EDF, Bank of America y Vasakronan, se convirtieran en las primeras corporaciones en emitir títulos para financiar actividades ambientales dentro de sus respectivas compañías.
La mayor emisión de títulos llegó en 2014 con GDF Suez, que alcanzó 2,500 millones de euros. Y de las compañías se pasó a los gobiernos locales y regionales. Massachusetts fue el primer Estado que lanzó un bono verde, en junio de 2013. Le siguió un año después Gotemburgo, con el primer título ambiental emitido por una ciudad. Desde entonces se han sumado California, Johannesburgo y el Estado de California.
FUENTE: El Economista, 30/ene/2016