Los Estados miembros de la Unión Europea —que lidera desde hace años los planes internacionales contra el cambio climático— están debatiendo ahora el programa de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para la próxima década, algo que será clave para saber si Europa cumple con el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015. Los 28 —Reino Unido, de momento, sigue dentro de las negociaciones— discuten cómo disminuir sus emisiones entre 2021 y 2030.
En el lado opuesto —es decir, los países que están empujando más para que el resultado de esta negociación sea lo más ambicioso posible— están Suecia, Alemania y Francia, según el estudio de estas dos organizaciones especializadas en políticas contra el cambio climático.
La meta global que tiene que cumplir Europa está clara: en 2030 el conjunto de la UE deberá haber reducido, al menos, un 40% sus emisiones en relación con los niveles de 1990.
La UE ha liderado las políticas climáticas hasta ahora en el mundo, pero los esfuerzos actuales no son suficientes. Hay que redoblarlos. Un estudio de la Comisión Europea de finales de 2016 advertía de que, con las políticas actuales de la UE, en 2030 las emisiones totales se situarán un 26% por debajo de las de 1990, es decir, 14 puntos por encima del objetivo al que Europa se comprometió cuando firmó el Acuerdo de París.
Para luchar contra el cambio climático la UE cuenta con dos instrumentos: el mecanismo de derechos de emisiones —que limita los gases expulsados por la industria y la generación de electricidad— y el reglamento de los llamados sectores difusos —que incluye, principalmente, el transporte, la agricultura y los usos residenciales—. El 40% de los gases de efecto invernadero de la actividad humana en la Unión Europea está dentro del sistema de derechos; el 60% restante corresponde a los sectores difusos.
La Comisión Europea ha lanzado ya su propuesta para estos sectores difusos para el periodo 2021-2030 (afectado ya por el Acuerdo de París): las emisiones de gases de efecto invernadero —principalmente CO2— en este caso deberán haberse reducido un 30% en 2030 respecto a las de 2005. Ahora los Estados negocian la importante letra pequeña; y el informe de las dos ONG sobre la posición de cada Estado parte de esas conversaciones sobre el reglamento.
Recorte del 26% en España
Dentro del reparto de los esfuerzos globales, a España —según la propuesta de la Comisión— le corresponde recortar en un 26% —sobre los niveles de 2005— sus emisiones del sector difuso. España, en estas negociaciones, ha aceptado esa reducción; no así, por ejemplo, Polonia. Pero el informe señala que España "no pretende ir más allá" ni tampoco tiene "un objetivo a largo plazo" contra el cambio climático, lo que le penaliza en el ranking.Alemania y Suecia, por ejemplo, cuentan con planes nacionales que van más allá del objetivo que les ha puesto Bruselas. El análisis recomienda a España que se fije una meta interna más fuerte y "un ambicioso objetivo a largo plazo".
Otro de los aspectos que penaliza a España —ocupa el puesto 21 en este listado— es su posición sobre los usos del suelo. Los bosques se consideran sumideros que ayudan a retener el CO2. Y España defiende que las áreas forestales en un país puedan generar créditos "sin límites", explica Carlos Calvo Ambel, uno de los analistas responsables del informe.
Es decir, propone que si crece la superficie forestal en un país o se mejora su gestión esto permita que los esfuerzos de recortes de emisiones en otro sector puedan ser menores. El temor de las organizaciones no gubernamentales es que, gracias a esos créditos ilimitados, se "pueda reducir menos en otros sectores tan contaminantes como es el transporte", añade Míriam Zaitegui, de Ecodes.
El transporte supone en España el 40% de las emisiones de todo el sector difuso. En nuestro país, como en la mayoría de los Estados de la UE, este es un campo que lleva mucho retraso en el proceso de descarbonización; sobre todo si se compara con el de la generación de energía, donde las energías renovables están muy desarrolladas.
La mayoría de analistas reconoce que se necesita un desarrollo de los vehículos eléctricos, que no emiten CO2. Pero el año pasado solo el 0,4% de los coches matriculados en España fueron eléctricos o híbridos enchufables.
FUENTE: El País, España, 28 / 03 /2017
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