Uno de los mayores retos estructurales del mundo moderno es la ruptura del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Los modelos económicos que estimulan la explotación desenfrenada de los recursos naturales sin ninguna preocupación por sus consecuencias han causado serios fenómenos de transformación del medio ambiente, especialmente en relación con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.
La alteración de este marco autodestructivo es crítico para la supervivencia de los seres humanos sobre la tierra y ha sido objeto de numerosos debates globales. Teniendo en cuenta la gravedad del problema y la complejidad de las posibles soluciones a la cuestión, el éxito de este esfuerzo sin duda dependerá de la utilización de todas las políticas públicas a favor de la restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.
En este sentido la política fiscal con sus principales componentes —impuestos, gastos públicos e incentivos fiscales— puede unirse plenamente al esfuerzo de fomentar la preservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento de la posibilidad de su utilización con objetivos extra fiscales. Según Hugo de Brito Machado: "El objetivo del impuesto fue siempre lo de aportar recursos financieros para el Estado. En el mundo moderno, sin embargo, el impuesto es ampliamente utilizado con el fin de interferir en la economía privada, estimulando actividades, sectores o regiones económicas, desalentando el consumo de ciertos bienes y, finalmente, la producción de los más diversos efectos sobre la economía. Esta función moderna de los impuestos se llama la función extra fiscal".
Los impuestos son muy importantes mecanismos de transformación económica y pueden producir un fuerte impacto en el comportamiento social y el sistema fiscal juega un papel clave en cualquier proceso de cambio de esta magnitud. ¿Cómo la política fiscal podría ayudar a salvar el planeta?
Primero, implementar una política fiscal ecológica que prime las actividades económicas que influyan positivamente en el medio ambiente y graban con mayor carga fiscal, o cualquier otra forma de compensación, las que causan daños al ecosistema. Esta es la tributación ecológica, verde, llamada green tax en los términos originales o expresiones similares. Por lo tanto, es imperativo revertir las estructuras tributarias que nunca han considerado al capital ecológico como un factor clave para preservar y construir un sistema fiscal a favor de la naturaleza. En América Latina y el Caribe, 13 países ya obtienen ingresos de los impuestos sobre los recursos naturales no renovables que representaron un promedio del 6,1% y 5,5% de sus PIB en los años 2013 y 2014.
Segundo, las políticas de gastos públicos e de incentivos fiscales deben ser coordinadas y trabajar de manera complementaria para preservar el medio ambiente. Estas deben utilizar las políticas de gastos públicos y de incentivos fiscales en armonía y no entrar en conflicto entre sí para actuar sobre el medio ambiente. Actividades económicas depredadoras y que pueden dañar el ecosistema no pueden ser desarrolladas con recortes de impuestos y sin que la sociedad reciba una compensación equitativa por la explotación de estos recursos naturales.
Los incentivos fiscales otorgados erróneamente pueden contribuir a estimular las actividades perjudiciales para el equilibrio ecológico y para permitir la extracción de recursos naturales sin compensación adecuada. Además de los daños al medio ambiente, estarán practicando un saqueo contra la propiedad pública y poniendo en peligro la supervivencia de las generaciones futuras.
En Brasil, algunos estados han adoptado medidas de política fiscal con objetivos de regulación y complementarios a sus políticas ambientales. Han sido establecidos criterios ambientales para definir una parte del porcentaje de distribución a los municipios de sus participaciones en el impuesto sobre las operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre las prestaciones de servicios de transporte interestatal, intermunicipal y de comunicación (ICMS).
El llamado ICMS-ecológico considera en la fijación de las tasas de participación que se asignará a cada municipio, la existencia de una política ambiental que tiene como objetivo la preservación de los bosques, la conservación de cada área protegida y sus alrededores, así como la participación y la mejora la calidad de vida de las poblaciones tradicionales, y el apoyo proporcionado por el municipio para su desarrollo sostenible.
Sin embargo, es un error imaginar que sólo la acción del Estado puede lograr un cambio en el modelo destructivo de desarrollo económico y contaminante que ha caracterizado a los sistemas económicos durante al menos dos siglos.
De manera complementaria se requerirá un amplio apoyo y la participación directa de la sociedad en la aplicación de estos profundos cambios regulatorios y también las transformaciones de su comportamiento irracional y ecológicamente incorrecto que, lamentablemente caracterizan a sus hábitos. Los beneficios son mayores y toda la humanidad se lo agradecerá.
FUENTE: ECOticias, 08 / 03 / 2017
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