ARGENTINA -- CAMBIO CLIMÁTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La Nación, Arg., 7/ 02/ 2014

Las playas bonaerenses se ven perturbadas por recurrentes tormentas eléctricas que ya provocaron cuatro muertes y decenas de heridos. Evidentemente, el aumento de las tormentas -que produjeron las recientes inundaciones en el norte bonaerense, especialmente en San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Arrecifes y Pergamino- conlleva una mayor frecuencia de episodios de truenos y relámpagos que al tocar tierra suelen encontrar áreas densamente pobladas.

En una rápida reacción, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires ordenó a la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines de la costa de Mar del Plata, que comprende unos 70 balnearios, que presentara un plan para la instalación de pararrayos.

La Cámara en cuestión respondió de una manera colaborativa, al anunciar la voluntad de acatar la medida y ordenar los estudios necesarios para comprender las características técnicas de una medida de ese tipo y sus costos, si bien todo deja entrever que la implementación de soluciones podrá demorarse más allá de esta temporada estival.

Resulta positivo que las autoridades reaccionen en forma operativa frente a los riesgos para la población. Sería necesario, sin embargo, una visión más amplia de la cuestión, inscripta en el fenómeno de cambio climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) viene advirtiendo sobre el aumento de tormentas y fenómenos meteorológicos asociados, motivo por el cual es esperable una mayor frecuencia de relámpagos.

Las medidas tendientes a proteger a la población frente a estos fenómenos meteorológicos agudizados por el cambio climático pertenecen a una categoría de acciones denominadas "medidas de adaptación al cambio climático", esto es, que sin pretender morigerar las circunstancias a esta altura inevitables, se orienten a reducir los riesgos sobre las personas y las cosas. Para ello se ha creado el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, lanzado en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague en 2009, donde los países industrializados acordaron el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para 2020 a fin de apoyar las actividades de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.

Actualmente, la Argentina accede a una fracción escasamente significativa de estos fondos, en ausencia de la presentación de proyectos como sí lo hacen otros países. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable debería tomar un rol de importancia en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), a fin de poder aplicar a la asistencia financiera para ejecutar programas integrales que vayan más allá de la instalación de pararrayos.

La costa bonaerense comprende más de 1200 kilómetros de playas y, por otra parte, los 300.000 km2 de superficie de la provincia abundan en lugares alejados de las playas donde también pueden y suelen manifestarse los fenómenos de tormentas eléctricas. Se sabe que los pararrayos mejoran la prevención frente a estos eventos en un radio de hasta 200 metros, dependiendo de su emplazamiento, pero no se trata de las únicas medidas preventivas posibles. Se necesita una evaluación sistemática para luego requerir la asistencia de los fondos internacionales disponibles.

Frente al cambio climático se impone ir más lejos que las soluciones de corto plazo. Mientras se atienden medidas coyunturales, habrá que trabajar en acciones estructurales (pararrayos, sistema de detección previa, paradores especialmente diseñados) y no estructurales (capacitación de guardavidas, educación de la población, cartelería, entre otras). Sería conveniente tener presente que, desde el punto de vista financiero, no es improbable que mientras se dedican fondos públicos a las acciones de corto plazo, en el futuro pueda obtenerse el reembolso de fondos procedentes de la cooperación internacional.

El eje pasa por tener proyectos sólidamente elaborados. Para ello, hay que realizar estudios coordinados en los distintos niveles político-institucionales, de tal manera de aumentar las oportunidades de acceso al financiamiento genuino sobre la base de serios análisis costo-beneficio de las medidas que se plantean. Los réditos serán políticos, económicos, sociales y ambientales, es decir, ganaremos todos.

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