Aun cuando existe un consenso creciente entre los científicos en cuanto a que los procesos agrícolas, industriales y de utilización de recursos naturales de manera indiscriminada han desembocado en la aceleración del calentamiento global, persiste en una parte de líderes políticos y empresariales la obtusa teoría de que dicha relación aún no ha sido suficientemente probada, lo que dificulta la adopción de medidas para su mitigación.
Los países industrializados continúan con sus planes de crecimiento continuo y los que están aún en vías de desarrollo buscan desesperadamente posibilidades de industrialización que les permitan disfrutar del nivel de riquezas que disfrutan los primeros. Las metas de ambos solo son alcanzables por la milagrosa posibilidad de convertir el petróleo en energía y ésta en fuerza motriz de sus aparatos productivos.
Los dos mundos han discrepado siempre en cuanto a la posibilidad de que restricciones voluntarias o respuestas basadas en el mercado sean suficientes para que ambos consigan sus objetivos económicos y al mismo tiempo consigan reducir sus emisiones de gases, lo que al final continúa haciendo mal a la salud misma del planeta.
Los riesgos o efectos asociados al cambio climático y que devienen en desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones, deslaves, altas temperaturas, o cualquier otro tipo de fenómeno, aun cuando las fuerzas motrices del mercado mundial y la administración de algunas potencias –la estadounidense por ejemplo- dificultan el consenso sobre la causa científica, son atribuidos por el sentido común a los desmanes que el hombre ha provocado al planeta.
Sin embargo, los países, aun cuando algunos disienten hasta de la existencia misma del cambio climático, han llevado a cabo algunas iniciativas con la finalidad de, aun dejando espacio a la duda, hacer lo que en el plano internacional, las agendas y los acontecimientos políticos de momento han marcado como acciones ineludibles.
Aun cuando en la propia Carta de las Naciones Unidas no existe alusión alguna al medio ambiente, pues en el momento en el que se firman las perentoriedades eran otras (reconstrucción, garantías de paz y seguridad, ordenamiento territorial continental, etc.) en el 1972, se crea al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global.
Igualmente se han realizado tentativas importantes tratando de responder a las alteraciones climáticas a través por supuesto de extensas negociaciones entre los Estados. Es, por tanto, este tema un catalizador primario de las relaciones internacionales modernas.
Entre esas tentativas más recientes está el Protocolo de Kyoto de 1997, que estableció la necesidad de la estabilización de la concentración de gases invernaderos y delineó metas a ser cumplidas internacionalmente para la reducción de estos gases hasta el 2010. Este instrumento internacional fue ratificado por 156 Estados, entre los que no estuvo Washington.
Para diciembre del 2015, en la conferencia de París sobre el cambio climático se logró que 195 países aprobaran un histórico acuerdo que tenía como principales compromisos que el aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los dos grados centígrados, que el alcanzado acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes y la apropiación de fondos cercanos a los US$100.000 millones para los países en desarrollo a partir de 2020, aportados por los países más ricos.
El pasado mes de junio, el presidente Trump, con los mismos argumentos utilizados por George Bush para no ratificar el Protocolo de Kyoto, acerca de los aspectos desventajosos para la economía estadounidense, tales como pérdidas de empleos, disminución de capacidad productiva para empresas de generación de energía y para las productoras de petróleo, retiró a su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
Efectivamente, el cambio climático y los desastres naturales, aun cuando perviven teorías en direcciones opuestas en cuanto a si los segundos pueden considerarse efectos del primero son un gran tema en las relaciones internacionales, a tal punto que, el nivel en el que un país asuma sus compromisos con relación al tema se convierte en su carta de presentación ante la comunidad internacional.
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)
República Dominicana comparte, junto con una veintena de países más esta denominación que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “son particularmente susceptibles a los impactos del cambio climático. Siendo economías en desarrollo que dependen de sectores vulnerables a los patrones climáticos (como el turismo, la agricultura y la pesca), las naciones del Caribe se verán seriamente afectadas por el continuo aumento del nivel del mar, por los cambios en los patrones de lluvia y temperaturas y por la creciente magnitud de los desastres naturales”.
Aun cuando el Huracán Harvey en Texas causó daños estimados en más de 160,000 millones de dólares, los daños causados por los huracanes Irma y María en el Caribe, especialmente en estos pequeños Estados insulares, aunque posiblemente resulten una cantidad menor en términos cuantitativos, representarán una cantidad con un valor mucho mayor al dejado por Harvey cuando se miden las economías en términos de relatividad.
La zona caribeña insular se haya expuesta a numerosos daños que incluyen fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; excesivas precipitaciones que conducen a inundaciones; sequías, daños como consecuencia de los impactos del viento; así como frecuentes inundaciones de zonas costeras. Estos fenómenos son responsables del 94 % de las muertes como consecuencia del impacto de tales desastres (CEPAL, 2009a, p.2).
Por supuesto, los efectos de estos fenómenos acarrean luego subalimentación, pobreza, deficiencias en áreas de salud, educación, seguridad interna, etc., Este es el escenario perfecto para el despliegue de lo que Naomi Klein, en su libro “La Doctrina del Shock” denomina como la teoría del “capitalismo del desastre” en la que los Gobiernos tienden a aprovechar las crisis económicas, las guerras, las catástrofes naturales, las epidemias y los ataques terroristas para llevar a cabo todo tipo de medidas a favor del libre mercado, la desregularización, el capitalismo sin cortapisas, y la corrupción.
Ante esa realidad, los PEID deben concentrar sus esfuerzos -con la colaboración de organismos internacionales- no solo en vigorizar la resiliencia ante amenazas y crisis resultantes de estos fenómenos que azotan la región con una intensidad inédita, sino también para fortalecer su gobernanza –evitar el populismo- implementar con propiedad la gestión de riesgo, así como mejorar su capacidad de respuesta, la evaluación del riesgo y los sistemas de alerta temprana.
FUENTE: El Caribe , 23 / 09 / 2017
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