En el documento se precisa que, "junto a los riesgos y amenazas, conviven en el escenario internacional otros factores potenciadores que pueden generar nuevos riesgos o amenazas o multiplicar o agravar sus efectos", en alusión a las causas anteriormente mencionadas.
En el caso concreto del cambio climático, el texto señala que es "el gran desafío ambiental y socioeconómico del siglo XXI", al plantear retos de "gran trascendencia para la seguridad" como la escasez del agua potable, cambios en las condiciones de producción de alimentos, incremento de la competencia por los recursos energéticos y aumento de determinadas catástrofes naturales, como inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales u olas de calor.
Estos cambios, prosigue el documento, también pueden exacerbar las presiones migratorias y, en consecuencia, agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, incluso, la fragilidad de algunos Estados.
En cualquier caso, el texto indica que el cambio climático "también brinda una oportunidad para definir un nuevo modelo de desarrollo más sostenible" y ve "necesaria" la "comprensión" de estas situaciones de inestabilidad, que pueden desencadenar o avivar riesgos y amenazas, para realizar previsiones sobre la posible evolución a medio y largo plazo del contexto estratégico de la Seguridad Nacional.
Así, en cuanto a las líneas de actuación ante emergencias y catástrofes, aboga por un enfoque "integrador y potenciador" de las actuaciones entre la Administración general, las comunidades autónomas y las locales, para conseguir una acción preventiva, una respuesta adecuada y un uso eficiente de los recursos disponibles.
También apuesta por la elaboración de un marco de referencia en la materia, actualizar y perfeccionar el marco jurídico de la protección ante emergencias y catástrofes, establecer protocolos de actuación coordinada de las partes involucradas o constituir una red de alerta nacional de riesgos naturales --incluidos los sísmicos--, ambientales, epidemiológicos y tecnológicos, además de promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, entre otros aspectos.
En seguridad energética, aboga por ampliar las fuentes de energía más allá de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, apoyando a las renovables, además de impulsar una política común energética europea o fomentar el ahorro energético y la mejora de la eficiencia, entre otras cuestiones.
El documento aprobado este viernes, que revisa y actualiza la estrategia aprobada por el anterior Gobierno, actualiza el catálogo de riesgos y amenazas a los que se enfrenta España. A la lista que contemplaba el texto coordinado por Javier Solana --conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, inseguridad económica y financiera, armas de destrucción masiva, ciberamenazas, migración no controlada, vulnerabilidad energética, emergencias y catástrofes-- se incorpora ahora el espionaje y la vulnerabilidad del espacio marítimo.
FUENTE: Europa Press, 31/ 05/ 2013
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