El futuro llegó. Los escenarios proyectados por los científicos climáticos hace más de 20 años empiezan a ser una realidad cotidiana en todas las geografías. Tormentas severas más intensas y frecuentes, olas de calor interminables, epidemias de enfermedades como el dengue en nuevas latitudes y sequías e inundaciones que afectan vidas, territorios y economías.
Estos son muchos de los impactos que el aumento de la temperatura global promedio del planeta provoca en todas las regiones del mundo. Y, ante este nuevo escenario, es fundamental trabajar en la adaptación, que es, nada más y nada menos, que la acción de los estados en todos los niveles para poder paliar los efectos del cambio climático sobre sus poblaciones.
En los últimos meses la Argentina ha sufrido distintas consecuencias como producto de estos fenómenos extremos, pero, los planes de adaptación aún no figuran como prioridad en las agendas gubernamentales. ¿Puede un país con una pobreza que supera el 50% con crisis económica y financiera pensar en este tema como prioridad? Científicos y expertos así lo consideran, porque precisamente los más vulnerables a todos estos impactos son las personas con mayores carencias.
También hay que analizar que los escenarios científicos proyectan las peores consecuencias para fines de siglo. Sin embargo, si se observa el gráfico, se puede ver claramente que el impacto llegará para muchos de quienes están leyendo este artículo. Lo positivo: hay acciones posibles que hagan resiliente a ciudades y regiones y aún hay tiempo para hacerlo.
El último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, aporta una mirada más clara de dónde estamos y cómo podría ser nuestro futuro.
En todas las ciudades y zonas urbanas ha aumentado el riesgo que corren las personas y los bienes por los peligros asociados al cambio climático. En estas áreas viven actualmente 4.200 millones de personas, la mayor parte de la población mundial.
Los procesos de urbanización generan vulnerabilidad y exposición que se combinan con los peligros del cambio climático para impulsar el riesgo y los impactos urbanos. “A nivel mundial, el crecimiento más rápido de la vulnerabilidad y la exposición urbanas se ha producido en ciudades y asentamientos donde la capacidad de adaptación es limitada, especialmente en los asentamientos no planificados e informales de los países de ingresos bajos y medios y en los centros urbanos de tamaño pequeño y mediano. Entre 2015 y 2020, las poblaciones urbanas en todo el mundo crecieron en más de 397 millones de personas, y más del 90% de este crecimiento tuvo lugar en las regiones menos desarrolladas”, detalla el reporte.
Financiamiento
Una de las claves para poder avanzar en estas políticas es el financiamiento; quién pone el dinero y qué se prioriza. “Las necesidades de financiación para la adaptación de los países en desarrollo equivalen a un valor de entre 10 y 18 veces mayor que los fondos públicos internacionales, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto a las estimaciones previas. Los costos modelizados de la adaptación en los países en desarrollo se estiman en 215.000 millones de dólares anuales en esta década (2021-2030). La financiación necesaria para ejecutar las prioridades nacionales de adaptación se estima en 387.000 millones de dólares anuales.”, indica el reporte sobre la brecha de Adaptación publicado el año pasado. Y esto es un problema global.
A pesar de esta cuantiosa brecha, los flujos de financiación pública multilateral y bilateral para la adaptación de los países en desarrollo disminuyeron un 15%, hasta los 21.000 millones de dólares en 2021.
“Como resultado de las crecientes necesidades de financiación de la adaptación y de los fluctuantes fondos de inversión, el actual déficit de financiación de la adaptación se estima en la actualidad entre 194.000 millones y 366.000 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, la planificación y la implementación de la adaptación parecen estar estancadas. Esta falta de adaptación agrava la crisis climática e implica enormes pérdidas y daños, en particular para las personas más vulnerables”, agrega el informe.
Pilar Bueno Rubial, investigadora de Conicet y subsecretaria de Cambio Climático de Rosario, indicó: “A nivel regional la adaptación se va ganando un lugar dentro de la política pública a la luz de los eventos y de los impactos, más allá del tradicional sesgo de financiamiento que va a la mitigación y no tanto a evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad. Está mejorando pero no al ritmo necesario y hay que mirar tanto a los donantes para que puedan apoyar más todo el ciclo de adaptación y que se comprenda que en un contexto de discurso negacionista como vemos en la Argentina, el discurso de la vulnerabilidad es finalmente el que más puede tocar la puerta [al financiamiento] y puede ser más claro para nuestras poblaciones en cómo atacamos esos riesgos crecientes.”
El gobierno nacional presentó en 2022 su plan nacional de adaptación en el que enumera las acciones que deben encarar las administraciones para poder hacer frente a estos nuevos desafíos.
Sin embargo, ese plan no tiene el detalle suficiente como para poder analizar esas políticas. Esta es la crítica de varias organizaciones ambientalistas que creen que no va de la mano un plan de adaptación con la expansión de la frontera hidrocarburífera, actividad responsable del calentamiento global.
Camila Mercure, integrante del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó que los impactos del cambio climático no se limitan al ámbito socioambiental, sino que también tienen consecuencias económicas, especialmente en países con grandes deudas externas, como los del Sur Global.
El gobierno nacional eliminó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo transformó en una subsecretaría bajo el área de Turismo, Ambiente y Deportes. “El gobierno parece desoír las advertencias globales y no respetar los compromisos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático”, señaló Mercure.
“Se torna urgente implementar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que contempla líneas de acción para la adaptación a inundaciones; iniciar un Ordenamiento Ambiental del Territorio; llevar adelante acciones de vigilancia epidemiológica, con campañas de sensibilización y prevención; fortalecer los sistemas de respuesta de los centros de salud; y elaborar un mapa de riesgo identificando las principales zonas que podrían sufrir los impactos del cambio climático”, detalló Mercure sobre las medidas necesarias a implementar como país para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales.
El Río de la Plata
La cuenca del Río de la Plata y la provincia de Buenos Aires están mencionadas en el reporte del IPCC, que tiene un enfoque regional. En la página 32 del capítulo 12, destaca la vulnerabilidad de la región frente a las inundaciones recurrentes. Otro de los impactos que destaca este reporte son los efectos del calor extremo. Se puede dar fe de que esto está ocurriendo.
El efecto de isla de calor urbana expondrá a los habitantes de megalópolis como Buenos Aires a un calor peligroso, asegura el informe. “En la Ciudad, el 20,7% de las muertes por calor ya pueden atribuirse al cambio climático, y el 21,6% en Córdoba”, aseguran los expertos que elaboraron la publicación.
En el gobierno porteño, que actualizó su plan de lucha contra el cambio climático en 2021, entienden que deben profundizar los planes de adaptación. “Los efectos del cambio climático se están sucediendo incluso antes de lo proyectado por la misma comunidad científica, y con mayor intensidad y frecuencia. Y esta misma intensidad y frecuencia que estamos vivenciando hoy, nos obliga a reforzar muchísimo más el trabajo que ya veníamos haciendo para estar preparados”, indicaron a Infobae desde la administración local.
En la respuesta que el gobierno de la Ciudad le envió a Infobae se destacan tres ejes centrales de trabajo: afrontar el desafío del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad urbana y la gestión de recursos. “Nuestro anhelo es, así, legar para el futuro de nuestra ciudad y de todos los porteños una ciudad resiliente: circular, carbono neutral y biodiversa”, indicaron.
Los planes oficiales incluyen obras hidráulicas, mejora de espacios verdes para colaborar con la absorción del agua caída durante las copiosas lluvias, desarrollo de alertas tempranas y comunicación con los vecinos y el fortalecimiento de la red de salud pública.
En la Ciudad, durante la ola de calor del verano 2013-2014, se registró un aumento en la cantidad de muertes promedio. Aquí entra el riesgo de lo que se denomina temperatura del bulbo húmedo, una medida que combina el calor y la humedad que se toma con un termómetro cubierto por un paño empapado en agua.
Cuando esas condiciones se combinan, el cuerpo humano puede soportar una temperatura límite de 35°C ya que el organismo no es capaz de enfriarse por medio del sudor. E incluso niveles más bajos pueden resultar mortales.
Según el IPCC, si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la quema de combustibles fósiles, pero sólo en la medida en que lo exigen las políticas actuales, algunas zonas del norte de la Argentina experimentarán temperaturas de bulbo húmedo de 32°C durante, al menos, un día al año.
La transición energética hacia una matriz libre de hidrocarburos es parte de los planes de adaptación. “La ciencia y la política internacional están unidas en comprender que la ventana de oportunidad para generar políticas de mitigación y de adaptación a 2030 es cada vez más pequeña. Saltar directamente de la mitigación [de gases de efecto invernadero] a las pérdidas y daños es realmente una muy mala decisión de política y de calidad de vida para la subsistencia de nuestras comunidades más vulnerables. Es el momento para reforzar las acciones de mitigación y adaptación para evitar las pérdidas económicas y no económicas, especialmente de vidas humanas ante estos eventos extremos que se vienen manifestando. Y es hora de comenzar con la implementación”, agregó Bueno.
Fuente: Infobae
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