Para que Europa y sus empresas sean competitivas han de disponer de una energía que lo sea. De igual forma, las políticas de cambio climático también deben tener en cuenta la competitividad. Parece obvio pero hasta ahora no ha sido así. Ello debería guiar los objetivos de la Comisión Europea con sus políticas marco de energía y cambio climático a 2030.
En marzo de 2013 se inició un debate al respecto y se acordó que antes de finalizar este año se presentarían las propuestas. De igual forma el Consejo Europeo de 22 de mayo señaló que la competitividad debe estar en el centro de la toma de decisiones. No podemos obviar la realidad, que nos indica, como también lo subrayan Business Europe y la Agencia Internacional de la Energía, que el precio de la electricidad industrial en la UE es entre 1,5 y 3 veces mayor que en EEUU. Tampoco olvidemos que los precios de la energía para la industria en la UE crecieron un 27% entre 2005 y 2012.
La existencia de precios energéticos elevados, unido a las obligaciones derivadas de las políticas de lucha contra el cambio climático conducen inexorablemente a la progresiva deslocalización del tejido industrial europeo, en especial de aquellas instalaciones intensivas en energía, hacia otras regiones sin tales condicionantes. Con ello, no será posible alcanzar el objetivo de que la industria represente al menos el 20% del Vab europeo en 2020.
Ante el reto de definir cuáles deben ser las políticas que orienten la evolución de sus Estados miembro en materia de energía y cambio climático, los empresarios europeos, a través de Business Europe, consideramos que además de reforzar la competitividad se debe garantizar el suministro. Si en el primer caso, se ha de minimizar el diferencial de precios con los principales competidores comerciales, en materia de garantía de suministro se deberían establecer indicadores al respecto.
En el apartado de la competitividad quiero reflexionar brevemente sobre lo que pasa en España. El incremento exponencial que los costes regulados del sector eléctrico han experimentado en los últimos años ha llevado a una caída inexorable de la competitividad española, al situarse los precios finales de dicha energía entre los más altos que afronta la industria europea. También se ve afectada la sociedad en su conjunto como consecuencia del imparable crecimiento del déficit eléctrico tarifario. Es preciso dar solución a dicha problemática, sin afectar negativamente a nuestra industria.
Volviendo al ámbito europeo, el nuevo marco normativo en materia de energía y cambio climático debe ofrecer además estabilidad y previsibilidad, así como unas condiciones que promuevan la transición hacia una economía baja en carbono, teniendo en cuenta las limitaciones intrínsecas de los sectores afectados. Por lo que se refiere a la transición de las renovables hacia la libre competencia, solicitamos adaptar los sistemas de apoyo de las distintas renovables a sus curvas de aprendizaje y que nos centremos en la I+D+i de todas las tecnologías que puedan encaminar a la economía europea hacia la descarbonización. Además, es fundamental disponer de recursos para su financiación.
Al mismo tiempo, apoyamos la creación y despliegue del mercado interior de la energía en la UE. Para lo que, en primer lugar, se ha de cumplir el Compromiso del Consejo de Barcelona de alcanzar al menos el 10 por ciento de interconexiones transfronterizas. También, es importante seguir reconociendo el papel de la eficiencia energética por medio de todas aquellas medidas cuyos beneficios superen a sus costes.
No podemos dejar de lado la necesidad de reforzar la coordinación en materia de política energética entre los Estados miembro. En este sentido, es fundamental ampliar la capacidad de los órganos europeos de actuar en política energética estableciendo, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar a cabo una consulta previa a los Estados afectados por decisiones nacionales en materia de energía. Además debe desarrollarse una política energética exterior de la UE más robusta y decidida y tener en cuenta los impactos de las iniciativas comunitarias sobre la importación de productos energéticos. Asimismo, los empresarios europeos reclamamos que se apoye el aprovechamiento de fuentes autóctonas de energía.
Por último, en el campo de la lucha contra el cambio climático hay que manifestar una vez más la necesidad de un acuerdo internacional suscrito por todas las partes de la Convención Marco de Naciones Unidos sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), que sea jurídicamente vinculante. Debe incluir objetivos comparables para todos los países industrializados y medidas de mitigación para los países en desarrollo, en función de sus responsabilidades y capacidades. Sólo esto permitirá alcanzar una solución adecuada que no lastre la competitividad de las empresas.
José María Lacasa, Secretario General de la CEOE.
FUENTE: eleconomista.es, 11/ 07/ 2013
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