Todos en el mundo corren el riesgo de sentir las consecuencias del cambio climático, desde días más calurosos hasta inundaciones repentinas. Sin embargo, los medios para responder varían ampliamente. Estos pueden ser tan simples como instalar un aire acondicionado de bajo consumo para enfriar su hogar. O tan complicados como construir una sofisticada red de presas y canales para evitar que una ciudad se hunda ante el aumento del nivel del mar. De cualquier manera, se requiere mucha financiación, a menudo más allá de lo que los individuos o países enteros pueden permitirse. Incluso las medidas básicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático pueden estar fuera de nuestro alcance.
Si bien todas las personas tienen derechos humanos inherentes a vivir y prosperar, la falta de recursos para limitar y adaptarse a las consecuencias del clima está dejando una vida decente e incluso a la supervivencia lejos del alcance de muchos. Se trata de una flagrante injusticia, agravada por el hecho de que los países y comunidades con los medios más limitados son en su mayoría aquellos que han contribuido poco a crear el cambio climático. La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de países más ricos. Las naciones más pobres, con menos fábricas, automóviles y electrodomésticos que queman combustibles fósiles, históricamente han emitido solo una pequeña proporción del total.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático original de 1992 sentó las bases de la justicia climática al adoptar un principio histórico: unas responsabilidades comunes pero diferenciadas. Requiere que todos actúen sobre el cambio climático. Pero la justicia exige que aquellos que han contribuido más al problema asuman una mayor responsabilidad para resolverlo. Los grandes emisores tienen que actuar primero y con celeridad para reducir las emisiones, por ejemplo. La justicia también depende de que las naciones más ricas proporcionen financiación a los países con medios más limitados para que puedan hacer frente a enormes cargas financieras a medida que se acelera el cambio climático.
En muchos aspectos, la financiación climática, cuando resulta suficiente y tiene una inversión de la forma adecuada, es un camino hacia la justicia climática. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda? La Agenda de Aceleración del Secretario General de las Naciones Unidas para 2023 describe seis acciones clave para gobiernos, empresas y líderes financieros.
1. Cumplir con la promesa de 100.000 millones de dólares anuales destinados a los países en desarrollo para una acción por el clima
Desde 2009, las conversaciones mundiales sobre el clima han acordado movilizar 100.000 millones de dólares al año para que los países en desarrollo adopten medidas climáticas, tanto para adaptarse al cambio climático como para reducir las emisiones. Se supone que el dinero provendrá de países más ricos, a través de canales bilaterales, regionales y multilaterales, así como de fondos privados generados por intervenciones públicas. Los fondos pueden fluir a través de una variedad de mecanismos, como subvenciones, préstamos e incluso seguros.
Sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado el objetivo de 100.000 millones de dólares y la distribución de los fondos no ha sido equitativa. En 2020, según los últimos datos de la OCDE, los países desarrollados aportaron 83 300 millones de dólares. Solo el 8 % del total se destinó a países de bajos ingresos y alrededor de una cuarta parte a áfrica, a pesar de que ambos son altamente vulnerables al cambio climático y albergan a la mayoría de las personas que viven en la pobreza. Los préstamos constituyeron la categoría de financiación más grande y se dirigieron principalmente a países de ingresos medios. Esto aumenta los costes de inversión incluso cuando muchos países en desarrollo están luchando con pesadas cargas de deuda pública y se enfrentan a opciones imposibles, optando entre financiar la adaptación climática o mejorar los servicios públicos esenciales.
El compromiso de 100.000 millones de dólares es importante porque cada dólar cuenta en la lucha contra el cambio climático. Hacer realidad este compromiso es también una afirmación fundamental de que los países pueden confiar unos en otros para unir fuerzas con el fin de lograr objetivos comunes. Significa que la comunidad internacional está comprometida con la justicia y con no dejar a nadie atrás, pero solo si se logra ahora, en su totalidad y de conformidad con los principios de justicia y equidad
2. Una doble financiación para ayudar a los países a adaptarse a los impactos del cambio climático
Si bien todos los países deberán trabajar para lograr emisiones netas cero, cada país y comunidad también debe adaptarse al cambio climático. La adaptación es la principal prioridad en los países con menores emisiones y una gran vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático, como es el caso de muchos pequeños Estados insulares en desarrollo y otros países menos adelantados. Entre los muchos elementos esenciales de la adaptación se encuentran la construcción de viviendas resistentes a las tormentas, la plantación de cultivos tolerantes a la sequía, la instalación de suministros de agua fiables y la inversión en redes de seguridad social.
Ahora que la mitad de la población mundial vive en la «zona de peligro» climática, donde las personas tienen 15 veces más probabilidades de morir a causa de los impactos climáticos, el secretario general ha pedido que se duplique la financiación para la adaptación. Debe distribuirse equitativamente de manera que no imponga restricciones adicionales. Es preocupante que más del 60 % de la financiación para la adaptación implique préstamos en lugar de subvenciones, una proporción que ha seguido aumentando. Casi todo proviene del sector público, con una gran dependencia de fuentes internacionales en muchas regiones en desarrollo.
La adaptación al clima se está volviendo más costosa a medida que aumenta la magnitud del cambio climático. Es posible que los países necesiten gastar hasta 300.000 millones de dólares al año para 2030 y 500.000 millones de dólares para 2050, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin embargo, estos costes estimados son de 5 a 10 veces mayores que los flujos de financiación actuales. La Iniciativa de Política Climática informó de que el mundo hoy gasta menos de 50.000 millones de dólares en adaptación al año, menos del 10 % de las inversiones climáticas en general. Esta disparidad es menos aguda, pero sigue siendo evidente en el compromiso de 100.000 millones de dólares. En 2020, alrededor de 29.000 millones de dólares se destinaron a adaptación, en comparación con casi 49.000 millones de dólares destinados a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, según la OCDE.
3. Reformar el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo para adecuarlos a su propósito
El actual sistema de préstamos de dinero a los países para el clima y el desarrollo sostenible está roto. El Secretario General se ha referido al sistema financiero internacional como «miope, propenso a las crisis y que no guarda relación con la realidad económica de hoy», señalando que fue creado antes de que existiera el cambio climático.
Las injusticias en el sistema financiero internacional tienen profundos impactos. Incluso si muchos países quieren invertir en acciones climáticas que beneficien al mundo en su conjunto, muchos no pueden permitírselo. Actualmente, 52 países en desarrollo sufren graves problemas de deuda. En ellos vive el 40 % de todas las personas que conviven en la pobreza extrema; la mitad de ellos se encuentran entre las naciones más vulnerables al clima en el mundo.
Los altos costes de financiación generan en gran medida cargas de deuda nacional insostenibles. Incluso antes del reciente aumento de los tipos de interés, los países menos desarrollados que obtenían préstamos en los mercados internacionales de capital se enfrentaban a tipos de hasta el 8 %, en comparación con el 1 % en muchos países más ricos. Cuando se trata de financiación climática, esto puede traducirse en unos costes elevados que vayan más allá de lo que requiera la acción climática. En 2019-2020, más del 60 % de la financiación climática implicó fondos prestados o alrededor de 384.000 millones de dólares. Solo 47.000 millones de dólares llegaron con tipos de interés de bajo coste o concesionales. La financiación mediante subvenciones sin coste fue de solo 36.000 millones de dólares.
El secretario general ha pedido reformar el sistema financiero internacional para que la financiación para el clima y el desarrollo sea más asequible y adecuada, y esté posicionada para combatir la escala de la crisis climática. Ha instado a un estímulo anual para los ODS que aumentaría la financiación para el desarrollo sostenible en al menos 500.000 millones de dólares al año. El secretario general y el primer ministro de Barbados han unido fuerzas en el marco de la Iniciativa Bridgetown, que aboga por canalizar miles de millones del Fondo Monetario Internacional, los bancos multilaterales de desarrollo y el Plan de Estímulo de los ODS a los países en desarrollo, y movilizar más de 1,5 billones de dólares anuales en inversiones verdes del sector privado.
Dada la escala de financiación climática necesaria, las injusticias actuales no solo son erróneas, sino que constituyen un serio obstáculo para el progreso que determinará el futuro del planeta. La financiación climática pública y privada casi se duplicó entre 2011 y 2020, y puede haber alcanzado hasta 940.000 millones de dólares en 2021, de los cuales tres cuartas partes se recaudaron a nivel nacional. Sin embargo, la mayor parte se concentra en Asia oriental y el Pacífico, América del Norte y Europa occidental. Evitar los peores impactos del cambio climático podría requerir 4,3 billones de dólares al año para 2030; los costes solo aumentarán cuanto más se siga calentando la Tierra.
4. Reforzar el Fondo Verde para el Clima en 2023
El Fondo Verde para el Clima (FVC) es el fondo climático más grande del mundo, creado por el Acuerdo de París para canalizar financiación a los países en desarrollo con el fin de luchar contra el cambio climático. La mitad de sus recursos se destinan a la mitigación del clima y la otra mitad a la adaptación. El fondo apoya la justicia climática en parte a través del menor coste de la financiación de la adaptación, que debe proporcionarse mediante subvenciones o equivalentes. Además, la mitad de los recursos de adaptación deben destinarse a los países más vulnerables al clima, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los Estados africanos.
En su primera ronda de movilización de recursos, de 2020 a 2023, el FVC recaudó 12 800 millones de dólares para mejorar la resiliencia de mil millones de personas en 128 países. Está en marcha una segunda ronda para financiar el FVC de 2024 a 2027, un período de acción urgente para el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5. Poner en funcionamiento el nuevo Fondo de Pérdidas y Daños para este año
En 2022, las conversaciones mundiales sobre el clima acordaron crear un Fondo de Pérdidas y Daños. Mientras aún se están debatiendo los detalles, como definir dónde y cómo se debe distribuir el dinero, el secretario general de la ONU ha descrito la acción sobre pérdidas y daños como una cuestión de solidaridad internacional y justicia climática y ha instado a establecer el fondo sin demora.
Los fondos para la adaptación ayudan a prepararse y reducir los impactos climáticos. Sin embargo, las pérdidas y los daños son inevitables y los países en desarrollo vulnerables los sufren de manera desproporcionada e injusta. Olas de calor prolongadas, desertificación, acidificación de los océanos y fenómenos extremos, como incendios forestales y pérdidas de cosechas, todo ello ya está ocurriendo y empeorará con el tiempo, destruyendo infraestructuras y minando economías en dificultades. Algunos países perderán grandes porciones de tierra debido al aumento del nivel del mar.
La financiación específicamente dedicada a pérdidas y daños ayuda a pagar los impactos relacionados con el clima que ocurren incluso si los países se adaptan y preparan con mucha antelación. Puede recurrir a diversas herramientas financieras. El secretario general ha propuesto como una opción impuestos sobre las ganancias extraordinarias de los combustibles fósiles. Los canjes de deuda, en los que se condona la deuda existente para que los fondos puedan utilizarse en respuestas climáticas, ofrecen otra alternativa.
Los elementos adicionales pueden incluir sistemas de protección social y seguros para proporcionar redes de seguridad durante una crisis. Muchos países los están desarrollando, pero pueden recibir más apoyo, incluso a través del Acelerador Mundial de Empleo y Protección Social para Transiciones Justas. Su objetivo es ampliar la protección social a los 4000 millones de personas que actualmente carecen de ella.
6. Proteger a las personas de los desastres del clima con sistemas de alerta temprana para 2027
Cuando se avecinan desastres, los sistemas de alerta temprana salvan vidas. Sin embargo, solo la mitad de los países los tienen. A medida que se intensifican los fenómenos meteorológicos y climáticos peligrosos, el secretario general ha lanzado una campaña para cubrir a todos en los próximos cinco años como muy tarde. Esto resulta más viable que nunca ya que el 75 % de la gente tiene un teléfono móvil y el 95 % puede acceder a Internet. También es más necesario. Los desastres se han quintuplicado en los últimos 50 años, causando una pérdida promedio de 115 vidas y 202 millones de dólares en pérdidas materiales cada día.
Los sistemas de alerta temprana no solo defienden los derechos humanos a la vida y la seguridad, sino que también son muy rentables. La Comisión Mundial de Adaptación estimó que un aviso de 24 horas de un desastre inminente puede reducir los daños en un 30 %. Invertir 800 millones de dólares en sistemas de este tipo y en los países en desarrollo evitaría pérdidas de entre 3000 y 16.000 millones de dólares anuales.
Teniendo esto en cuenta, la iniciativa Alertas Tempranas para Todos aboga por gastar 3100 millones de dólares entre 2023 y 2027 para lograr una cobertura universal. Eso equivale a solo 50 centavos de dólares por persona al año. Para lograr una acción rápida, la Organización de las Naciones Unidas se está asociando con la Cruz Roja, la sociedad civil, empresas de tecnología, gobiernos donantes, bancos de desarrollo y el sector de los seguros.
Fuente: Naciones Unidas
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