La planificación de la gestión del agua y de la costa deberá considerar el riesgo climático. Esta es una de las previsiones incluidas en el proyecto de ley de Cambio Climático que previsiblemente aprobará el consejo de ministros este martes.
El objetivo último estratégico es dar cumplimiento al acuerdo de París contra el calentamiento.
El documento señala que la planificación y la gestión hidráulica deberán incluir un análisis de los riesgos derivados de los impactos previsibles que tendrá el calentamiento sobre el volumen de los caudales hidrológicos.
Esta ha sido una demanda histórica que venía siendo defendida desde diversos sectores sociales y ecologistas, quienes han criticado la ausencia de una valoración de este factor en la planificación hidrológica. De esta manera, se pondrá más énfasis en la disponibilidad real del agua y no en atender a una demanda a veces desmesurada o insostenible.
El anteproyecto de ley señala que también se deberán evaluar con este mismo enfoque las aguas subterráneas
No obstante, todas previsiones deberán adecuarse a las directrices y medidas que recogerá en el futuro la estrategia del agua para la transición ecológica, un instrumento de planificación de las administraciones públicas que será aprobado mediante acuerdo del consejo de ministros en el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley.
El anteproyecto de ley señala que también se deberán evaluar con este mismo enfoque los recursos disponibles de los acuíferos, y los riesgos derivados de fenómenos climáticos extremos (cambios en la frecuencia e intensidad) en los episodios de avenidas y sequías.
La finalidad es “anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas y los ecosistemas, y desarrollando medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad”, señala el anteproyecto.
Otros asuntos que deberán ser tenidos en cuenta son el incremento de la temperatura del agua y a sus efectos sobre el régimen hidrológico, así como las consecuencias posibles del ascenso del nivel del mar sobre las aguas subterráneas y los sistemas costeros.
Se persigue igualmente que estos análisis identifiquen los riesgos derivados del impacto climático sobre la buena conservación de las masas de agua superficial y subterránea, y determinar cuáles son los recursos realmente disponibles, una vez consideradas estas premisas.
De hecho, se quiere que estrategia del agua para la transición ecológica ayude a mejorar la adaptación y a evaluar y seleccionar las actuaciones en los planes hidrológicos. Igualmente, se elaborará el plan de financiación de estas actuaciones y se hará un seguimiento de los impactos asociados al cambio del clima.
Habrá que adecuar las nuevas instrucciones de cálculo y diseño de la edificación y las infraestructuras de transporte a los efectos del cambio climático
Lo mismo se indica para la planificación y gestión territorial y urbanística.
Se pretende que las intervenciones en el medio urbano, la edificación y las infraestructuras de transporte también asuman el riesgo climático. Se busca que la planificación en estos ámbitos integren las medidas para propiciar la adaptación progresiva a este fenómeno.
Eso comportaría por ejemplo la adecuación de las nuevas instrucciones de cálculo y diseño de la edificación y las infraestructuras de transporte a los efectos derivados del cambio climático, así como la adaptación progresiva de las ya aprobadas.
De la misma, las administraciones públicas “fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentaria”, lo que comportará programar acciones encaminadas a adaptarse a estas circunstancias.
Los efectos sobre especies y hábitats han de estar bajo control
De la misma manera, las administraciones públicas deberán impulsar la mejora del conocimiento sobre la vulnerabilidad de las especies silvestres y los hábitats frente al cambio climático, así como la capacidad de los ecosistemas para absorber emisiones.
En el plazo de tres años desde la aprobación de la ley, se presentará a la conferencia sectorial de medio Ambiente una estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático (como pueden ser los ecosistemas naturales y las especies de alta montaña, los humedales terrestres españoles y las zonas de ribera de los ríos).
Se deberá elaboración un mapa de vulnerabilidad, así como evaluar los sistemas agrícolas y prácticas de gestión forestal sostenibles para aumentar su resiliencia frente al cambio climático. La finalidad última será fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas.
Estrategia para reducir energía fósil para los operadores del sistema eléctrico
El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo.
Los agentes que intervienen en el sistema eléctrica deberán elaborar y presentar una estrategia de descarbonización en lo referente a su ámbito de actuación
Por otra parte, la contratación que lleve a cabo la Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal incorporarán criterios y consideraciones técnicas particulares en los pliegos de contratación para valorar la compra de manera que comporte reducción de emisiones y una más favorable huella de carbono.
El cambio climático deberá entrar en sistema educativo de manera más relevante
De estas políticas transversales no se librará el sistema educativo, que deberá promover “la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático” y reforzar el conocimiento sobre el cambio climático.
“El Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo, incluyendo los elementos necesarios para hacer realidad una educación para el desarrollo sostenible”, dice el documento.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, impulsará las acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado en esta materia y promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios. Se quiere que quienes obtengan un título universitario obtengan una formación coherente conforme a las competencias inherentes de este título.
FUENTE: La Vanguardia, 18/05/2020
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